Erbetta, el último de los seis miembros de la Corte en ser “tocado” por el recambio

Por Daniel Abba 

Se va a decir que no tiene nada que ver, pero la decisión del gobierno provincial de avanzar en cambios en la Justicia que incluyen una renovación de los miembros de la Corte Suprema santafesina es un dato inevitable para analizar el inminente pedido de juicio político contra el único de los seis cortesanos que parecía quedar al margen de los cuestionamientos. Ahora todos van a estar bajo fuego.

Daniel Erbetta va a ser cuestionado esta semana por el diputado provincial Palo Oliver, según el propio legislador se encargó de anunciar, en una decisión que viene prometiendo desde que casi pierde su banca tras las elecciones del 2023, a manos de una polémica interpretación de quien por entonces era el presidente del Tribunal Electoral.

Erbetta era el único de los integrantes de la Corte que no resultaba afectado por el criterio con el que el gobierno encaró un recambio de nombres: superar la edad para jubilarse. Aunque hasta eso ya es una discusión con dos interpretaciones: si se toma en cuenta la Constitución provincial, donde se lee como límite los 65 años, pero que fue superada por una acordada de la Corte nacional que habla de la “inamovilidad” de los magistrados, o si se considera el límite fijado para los jueces federales, a los 70 años, más otros cinco si lo aprueba el Senado nacional.

Ante tantos hilos sueltos podría decirse que existe en Santa Fe una suerte de vacío legal, que alguna vez deberá sumar precisiones para que existan reglas claras que no den lugar a tantas dudas y debates.

Pero por ahora, el gobierno aduce que los que superan los 75 años, cinco de los actuales cortesanos, deben pasar a retiro. Fue uno de los primeros anuncios del gobierno al asumir; si bien hace unos meses el tema entró en una zona de cierta parálisis, no se pone en duda que la decisión sigue firme. Sólo ocurre que con el paso del tiempo, las cosas a veces se complican. Las opciones parecen ser: decretazo para los que quedan, que podrían ser respondidos con recursos de amparo, o seguir apostando a una salida por la puerta grande de las negociaciones. En eso andan.

En ámbitos de la Justicia se sostiene que ya va siendo tiempo que se tome alguna decisión, la que sea. Que haya fechas, límites, horizontes donde mirar. Porque mientras tanto hay decisiones que se demoran o se trabaja en un clima enrarecido cuando no se sabe quienes van a seguir y quienes podrían irse. Y en el medio el tema afecta a los empleados del Poder Judicial.

En ese marco se habla de vacantes de magistrados, que podrían llegar al 25% a fin de año, y de promociones y ascensos del personal judicial que están demoradas por la falta de alguna firma.

El único que había quedado afuera del criterio del límite de la edad para seguir ejerciendo las funciones en el alto tribunal provincial era el rosarino Erbetta. Con el anuncio de Palo Oliver de presentar un pedido de juicio político en su contra por el desempeño que tuvo al frente del Tribunal Electoral en 2023, queda incluido, aunque por otro motivo, entre los ministros de la Corte que cargan con un cuestionamiento en su accionar. Va a estar sometido al mismo fogoneo.

No está claro que la decisión del legislador que integra el bloque del Frente Amplio por la Soberanía -junto a Carlos del Frade y Claudia Balagué-, tenga algún guiño del Ejecutivo. Podría decirse que no, a juzgar por las diferencias políticas que los separan. Pero sumarle una denuncia al único integrante de la Corte que no estaba afectado por la edad jubilatoria no deja de ser funcional a los objetivos de la actual gestión de cambiar toda la Corte.

Como pasa siempre, a la hora de los argumentos ambas partes sostienen que les asiste la razón. Palo Oliver presentó una queja en noviembre pasado cuando estuvo a punto de perder la banca por una interpretación sobre el porcentaje de votos que había que tener como piso para ser diputado.

El tema se resolvió finalmente a su favor en una votación de la propia Cámara de Diputados que le tomó juramento el pasado 6 de diciembre, con lo que la decisión posterior de la Corte fue que la cuestión había quedado saldada. “Es abstracta”, concluyó el máximo tribunal.

Para Oliver eso significa que se ratificó que debe respetarse el piso electoral que dice la Constitución, y que se demostró que fue desconocida por parte del Tribunal Electoral la doctrina y jurisprudencia vigentes.

Para Erbetta el tema asume otras contradicciones y a la vez una gravedad de orden institucional, que promete no dejar pasar. Asegura que para arrancar va a dar intervención a la Junta Federal de Cortes. “Les va a tirar un camión encima”, dicen quienes lo conocen.

Aunque admiten que está inquieto por el tema, aseguran que el ministro no se desespera, en la idea de que “las tentativas molestan, pero no dañan”, como le escucharon decir. Aclaran que pone al pedido de juicio político en ese plano, que no va a prosperar porque no tiene posibilidades de llegar a ningún lado. “No tiene ni pies ni cabeza”, se enoja. Confía que se trata del caso más trabajado de la doctrina constitucional, sin fisuras, y que hay acuerdo en que no se puede cuestionar una interpretación fundada de la Constitución, como la que hizo.

Entre otras cosas el juicio político a Erbetta debería ser votado por la Legislatura santafesina. “Hay que ver quien levanta la mano”, se preguntan cerca del cortesano rosarino.

El tema además ofrece una eventualidad de consecuencias colaterales. El pedido de juicio político también arrastra al Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien le dio la razón a Erbetta al opinar en el mismo sentido en uno de los temas (el de la votación a partir de los 16), y deriva en dos jury de enjuiciamiento para los otros miembros del Tribunal Electoral, los camaristas Alfredo Ivaldi y Armando Drago, que también firmaron la resolución ahora cuestionada y serán incluidos en la presentación de Palo Oliver.

En una inesperada carambola o golpe a doble banda, el asunto también roza al actual fiscal de Estado de la provincia, Domingo Rondina, quien fue incluido para fundamentar en uno de los pedidos de derogación de la ley de la dictadura sobre el piso electoral presentado por Del Frade -hoy en el mismo bloque que Oliver-. En ese momento el legislador rosarino se posicionó de idéntica manera a la que hoy lo hace Erbetta. “Porque en ese momento le convenía”, resaltó el miembro de la Corte.

En aquella presentación del 2018, Del Frade pedía derogar la ley sancionada durante la dictadura. Esa norma le impedía acceder a una banca, a pesar de superar el 3% de los votos. Se trata de una norma “inconstitucional” era la cita incluida en el texto a nombre de Rondina. Ahora el pedido del mismo sector político es respetar la ley vigente. Erbetta cuestiona esa falta de coherencia y ratifica que en su opinión ese decreto está derogado de hecho desde que se reformó en democracia el régimen electoral.

En una nota en “Aire de Santa Fe”, Erbetta opinó que el pedido de juicio político “no tiene ninguna causal” y lo consideró un “ataque a la independencia judicial”. Disparate y escándalo, son las palabras con las que se adelanta a calificar si este pedido de juicio en su contra prospera. “En Comodoro Py me darían la razón”, comenta con sorna ante sus allegados.

Sostiene que si se aprobara el juicio en su contra, “de ahora en más todo el Poder Judicial quedaría sostenido de un hilo de coser a merced de cualquiera; se terminarían los votos en disidencia”, exagera.

En el terreno de las interpretaciones, nadie arriesga que el pedido de juicio vaya a tener consenso, pero lo que es seguro es que también va a poner en la línea de fuego al único miembro de la Corte que parecía quedar afuera del cuestionamiento general, que era el límite de edad. Al menos tendrá ese efecto: que a la hora de las negociaciones, el que aparentaba estar al margen, tenga que ser incluido.