Endeudarse para comer: la nueva fragilidad social argentina. Columna de Cesar Malato
Cuando el crédito reemplaza al salario y la alimentación básica depende de la tarjeta, el problema deja de ser financiero y se convierte en una cuestión estructural de dignidad y soberanía.
En la Argentina actual, el endeudamiento de las familias dejó de estar asociado principalmente a proyectos de crecimiento o mejora patrimonial para convertirse, cada vez más, en una herramienta de supervivencia cotidiana. Distintos relevamientos muestran que la enorme mayoría de los hogares mantiene algún tipo de deuda activa y que buena parte de sus ingresos mensuales se destina a cubrir cuotas, refinanciaciones o pagos mínimos. Lo más alarmante no es solamente el volumen del endeudamiento, sino el motivo que lo explica: hoy las familias se endeudan fundamentalmente para comprar alimentos, pagar servicios, cubrir medicamentos, sostener alquileres o afrontar gastos básicos de transporte y educación. La tarjeta de crédito, que durante años funcionó como instrumento para acceder a bienes durables, vacaciones o mejoras del hogar, pasó a transformarse en una extensión precaria del salario.
Este fenómeno expresa mucho más que un problema financiero individual. Lo que aparece detrás del endeudamiento masivo es el deterioro estructural del poder adquisitivo y la creciente dificultad de millones de personas para sostener condiciones mínimas de vida. Cuando una familia utiliza crédito para comprar comida o pagar la factura de luz, ya no estamos frente a una decisión de consumo sino frente a un mecanismo defensivo para enfrentar la pérdida de ingresos reales. El endeudamiento deja entonces de ser excepcional y se vuelve permanente, generando una rueda difícil de romper: se toma deuda para pagar deuda, se refinancian mínimos, se acumulan intereses y se profundiza la dependencia de entidades financieras, billeteras virtuales o préstamos informales con tasas cada vez más abusivas.
En ese contexto, pensar políticas públicas de desendeudamiento familiar debería convertirse en una prioridad económica y social. No alcanza con estabilizar variables macroeconómicas si millones de hogares continúan atrapados en una lógica de financiamiento compulsivo para sobrevivir. El Estado podría promover programas integrales de refinanciación de deudas familiares con tasas subsidiadas, períodos de gracia y unificación de pasivos, especialmente orientados a trabajadores, jubilados, monotributistas y sectores medios empobrecidos. La intervención de la banca pública, las mutuales y el sistema cooperativo podría permitir esquemas de crédito social mucho más accesibles que los ofrecidos actualmente por tarjetas y financieras privadas.
Soberanía alimentaria y desendeudamiento: dos debates inseparables
Pero el problema no se resolverá únicamente con crédito más barato. El verdadero desafío consiste en reconstruir capacidad de ingresos y reducir el peso de los gastos esenciales sobre la vida cotidiana. Y allí aparece un debate central que muchas veces queda relegado: la necesidad de construir soberanía alimentaria. Si el principal motivo de endeudamiento de las familias es la compra de alimentos, entonces garantizar el acceso a comida sana, cercana y accesible deja de ser solamente una cuestión productiva para transformarse en una política estratégica de justicia social y estabilidad económica.
La concentración del sistema alimentario, la dependencia de cadenas de comercialización dominadas por grandes actores y la lógica especulativa sobre precios generan que el costo de alimentarse absorba una parte cada vez mayor de los ingresos populares. Frente a esto, fortalecer las economías regionales, los pequeños productores, el cooperativismo agroalimentario, los mercados de cercanía y los sistemas comunitarios de abastecimiento puede contribuir no solo a bajar costos, sino también a democratizar el acceso a los alimentos. La soberanía alimentaria implica recuperar capacidad social para decidir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, priorizando las necesidades de la población antes que la rentabilidad financiera de unos pocos grupos concentrados.
Promover políticas de abastecimiento local, ferias populares, compras públicas a productores regionales y redes cooperativas de distribución puede tener un impacto directo sobre el bolsillo de las familias. Cada punto que se reduzca en el costo de los alimentos representa menos dependencia del crédito para llegar a fin de mes. En otras palabras: desendeudar a las familias también implica reducir el costo de vivir. Y eso requiere discutir no solo tasas de interés, sino también estructura económica, distribución y acceso a bienes esenciales.
Por eso, una estrategia integral para enfrentar la crisis social argentina debería combinar tres dimensiones inseparables: alivio financiero inmediato para las familias endeudadas, recuperación sostenida del poder adquisitivo y construcción de soberanía alimentaria. Separar estos debates conduce a soluciones parciales. Refinanciar deudas sin garantizar ingresos suficientes solo posterga el problema; aumentar ingresos sin controlar el costo de la vida también termina siendo insuficiente. El desafío es construir un modelo económico donde las familias no necesiten endeudarse para comer.
La discusión de fondo, entonces, no es solamente financiera. Es profundamente política y cultural. Se trata de decidir si la economía debe organizarse alrededor de la valorización financiera y el consumo endeudado o alrededor de la dignidad de las personas, el trabajo, la producción y el acceso garantizado a derechos básicos. Porque una sociedad en la que millones de personas dependen de la tarjeta de crédito para alimentarse no puede considerarse económicamente sana, aunque algunas variables macroeconómicas mejoren. La estabilidad real comienza cuando las familias recuperan la posibilidad de vivir sin miedo permanente al vencimiento de la próxima cuota.