El IPAS expresó su oposición al proyecto de Inviolavilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno nacional
Desde el Instituto Provincial de Aborígenes Santafecinos (IPAS) emitieron un comunicado donde manifiestan su oposición al proyecto/sanción de la Ley de Inviolavilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno nacional.
“Lo hacemos en nombre de las comunidades, indígenas en ejercicio del derecho a la libre determinación y conforme a lo establecido en la Constitución Nacional Art. 75 inc. 17, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas” a la vez que enfatizaron que existen suficientes argumentos para oponerse al proyecto que se impulsa desde la Libertad Avanza junto con otros sectores conservadores de la derecha política.
Desde el IPAS dieron a conocer puntos claves a tener en cuenta ante este nuevo intento de entregar los recursos naturales del territorio nacional a manos de intereses extranjeros.
1. Vulneración de derechos territoriales preexistentes
La ley desconoce que los pueblos indígenas somos preexistentes al Estado y que tenemos derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupamos. La normativa propuesta prioriza el mercado inmobiliario y la propiedad individual por sobre la territorialidad colectiva.
2. Falta de Consulta Previa, Libre e Informada
No se realizó un proceso de consulta conforme al Convenio 169 de la OIT. No se nos convocó, no se nos informó en nuestros idiomas y no se respetaron nuestros tiempos y formas de decisión. Aprobar una ley que impacta directamente sobre nuestros territorios sin consultarnos es inconstitucional.
3. Mercantilización de la tierra
Esta ley habilita la venta, extranjerización y concentración de tierras. Para los pueblos indígenas la tierra no es una mercancía. Es madre, es territorio, es cultura, es vida. Convertirla en objeto de negocio atenta contra nuestra cosmovisión y pone en riesgo nuestra permanencia física y cultural.
4. Inseguridad jurídica y desalojos
Lejos de garantizar, la ley genera mayor inseguridad jurídica. Abre la puerta a desalojos, al avance de agronegocios, megaminería, forestales y emprendimientos turísticos sobre nuestros territorios sin consentimiento.
5. No reconoce el Relevamiento Territorial
Ignora la Ley 26.160 de Emergencia Territorial y el relevamiento que está pendiente en gran parte del país. Antes de legislar sobre tierras, el Estado debe terminar de reconocer qué territorios ocupamos.
Por lo tanto rechazan la Ley de Inviolavilidad de la propiedad privada e insisten en que toda futura normativa sobre tierras contemple el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados. La tierra no se vende, se cuida. El territorio no se negocia