Reforma laboral, un golpe de estado parlamentario contra la clase obrera. Por Marcelo Ramal
El Congreso, una escribanía de los explotadores.
El paso de la contrarreforma laboral por el Congreso fue fiel a su contenido. Si el estatuto negrero de Milei y Sturzenegger consagra un régimen de excepción contra la clase obrera, no es de extrañar que la aprobación de la ley se llevara adelante con los métodos de un golpe de Estado.
En el Senado y en Diputados, el voto fue el resultado de un contubernio político puertas afuera del Congreso, entre Milei y Caputo, de un lado, y un elenco de gobernadores vinculados al peronismo y al radicalismo, del otro.
En el caso de los gobernadores peronistas que sumaron votos y quórum, varios de sus diputados fueron electos en las listas que promovió Cristina Kirchner para las elecciones de octubre pasado.
Otra de los integrantes de esta coalición, una diputada de la “neuquinidad”, reconoció que votaba la reforma porque habilitaba a un cambio drástico de las relaciones laborales en Vaca Muerta.
En medio de las fluctuaciones de la producción y los cambios permanentes de titularidad en las concesiones, la patronal petrolera celebra la facilidad para rotar trabajadores y un régimen de indemnizaciones sin costo para las empresas.
El apoyo explícito de los diputados de los lobbys mineros y petroleros vino acompañado por el financiamiento público de obras de infraestructura que reclaman los mismos pulpos petroleros.
Esa coalición no escrita de libertarios y “opositores” se puso de acuerdo para sacar la reforma a través de un golpe parlamentario.
El periodista Fernández Díaz se ganó un insulto de Milei por describir, en La Nación, la consigna que le bajó Karina Milei a sus senadores: “primero se firma (el dictamen), después se lee”.
El golpe parlamentario tuvo un traspié cuando trascendieron los términos del artículo 44, que pretendía transferirle a los trabajadores el costo del desgaste físico y mental producido por la explotación capitalista.
Los autores de la tropelía se apresuraron a retirarlo del proyecto, con el único propósito de evitar una mayor deliberación sobre el contenido de la reforma.
En cuanto a los descuentos sobre las licencias, el régimen de coacción laboral impuesto por la reforma es tan brutal que los empleadores se las arreglarán para aplicárselos a sus trabajadores incluso sin que se lo habilite la ley.
Una vez consumada esta cirugía menor (retirar el artículo 44), el operativo político se trasladó a la cámara de Diputados. El “debate” de las comisiones se realizó en un solo día, con expositores a los que se les impuso cinco minutos para intervenir.
El sistema de acuerdos se desarrolló en tres niveles: los “opositores” que prestaban el quórum y se retiraban; los que votaban en bloque la reforma; los que la votaban en general y se reservaban un filón “crítico” para votar en contra cuestiones en particular, con el cuidado de “rotar” en sus disidencias para que no se cayera ningún aspecto de la ley negrera. En efecto: con excepción de las licencias médicas, el resto del proyecto regresó ileso al Senado.
En particular, la formación del fondo de despidos (FAL) constituido con los aportes previsionales de los trabajadores. Esta confiscación le aportará unos 3.000 millones de dólares anuales al mercado de deuda pública que Caputo engrosa por días y horas.
La sesión de Diputados fue un desfile de discursos de opositores, porque el bloque de libertarios, macristas y gobernadores evitó intervenir, con excepción del “miembro informante”.
Fue una manera de subrayar que el Congreso había sido reducido a poco más que un adorno.
En la mañana del viernes, las comisiones del Senado aprobaron a libro cerrado lo que recibieron de diputados, para asegurar que la semana que viene se vote la contrarreforma en términos definitivos.
La ley que establece una dictadura del capital sobre la clase obrera se votó con los métodos de un estado de excepción. Los abogados laboralistas han advertido que la contrarreforma será una fuente de multiplicación de las demandas judiciales, por las diferentes cláusulas inconstitucionales de su contenido: reducción de los salarios, destrucción del derecho de huelga, cómputo amañado de las indemnizaciones, y la vigencia o no de sus cláusulas para los trabajadores con derechos adquiridos.
Este aluvión de juicios irá a parar en última instancia a la Corte, donde ya juntan el polvo miles de demandas de los jubilados. Por la vía del ninguneo o de la convalidación de la contrarreforma, la Corte terminará convirtiéndose en el cómplice de este régimen de emergencia. Pero la “litigiosidad” que adelantan los juristas tiene otro escenario, mucho más importante que el de los tribunales: la liquidación del derecho del trabajo llevará a dirimir todos y cada uno de los atropellos en un choque directo de la clase obrera con el capital y el Estado. Es el escenario que han buscado los liberticidas y toda la clase capitalista.
La célebre “Banelco”, que en los 90 condujo a una crisis política terminal, ahora funcionó a la luz del día y con el beneplácito de toda la derecha “republicana”. Cuando los intereses capitalistas que sostienen a Milei empiecen a desbarrancarse, la trama putrefacta de esta contrarreforma se llevará puestos a sus autores, varios de los cuales también gobernaban entonces.
🖊️ Marcelo Ramal