Memoria y derechos humanos en la normativa municipal
La memoria pública santotomesina también tomó forma en decisiones del Estado municipal. Esa escala permite seguir la relación entre memoria, derechos humanos y política local en torno a su entramado institucional. En Santo Tomé, aparece en la creación del Centro Municipal de Difusión de los Derechos Humanos y en un conjunto de ordenanzas que proyectaron esa agenda sobre el territorio, la nomenclatura urbana y los símbolos públicos.
Un punto central es la Ordenanza N.º 2832/10, vinculada a la creación del Centro Municipal de Difusión de los Derechos Humanos. A partir de allí, el municipio contó con un ámbito específico para desarrollar acciones de difusión, formación y participación ciudadana en torno a la memoria, la verdad, la justicia y los derechos fundamentales. En ese marco se organizaron muestras, exposiciones, materiales bibliográficos y espacios de debate. La ordenanza constituye una de las bases institucionales más visibles de la política local en materia de derechos humanos.
A ese núcleo se suman otras normas de especial importancia. La Ordenanza N.º 2797/10, referida al espacio verde “La Noche de los Lápices”, introduce la memoria en el nomenclador urbano y en el paisaje cotidiano de la ciudad. La referencia fija en el territorio una marca ligada a la represión contra estudiantes secundarios.
En la misma dirección, la Ordenanza N.º 3247/18, vinculada a la prohibición de imposición de nombres o simbología de gobiernos de facto, establece un límite sobre los homenajes, las denominaciones y las marcas estatales admitidas en el espacio público. Su alcance político reside en excluir de ese repertorio las huellas simbólicas de las dictaduras y en establecer un criterio
institucional sobre los lenguajes oficiales de la ciudad.Dentro de este apartado corresponde incorporar también la Ordenanza N.º 2634/08 de Acceso a la Información Pública. No integra la política de memoria en sentido estricto, pero sí el marco institucional que permite consultar normas, antecedentes y documentación estatal vinculada con la memoria pública local.
La escala santotomesina se inscribe en un marco jurídico y político más amplio. A nivel nacional, la Ley 25.633 instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La Ley 26.691 declaró Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde ocurrieron hechos emblemáticos del accionar represivo ilegal, y estableció criterios de preservación, señalización y difusión. En la provincia de Santa Fe, esa orientación se expresó en políticas públicas de memoria, en la recuperación y señalización de sitios y en una agenda estatal de archivo, transmisión y acompañamiento de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Las iniciativas municipales de Santo Tomé forman parte de ese encuadre.
Estas normas y antecedentes muestran una presencia municipal de la memoria democrática, expresada en áreas, decisiones y marcas institucionales. Sin embargo, el cuadro local sigue siendo acotado, incompleto e insuficiente y deja ver un campo todavía abierto en términos de continuidad, jerarquía y alcance público.