“Es el muerto que no para de nacer” – Columna de Opinión de César Malato.

“Es el muerto que no para de nacer”. (La Murguita del Sur- Bersuit Vergarabat).

La opacidad de los juzgados: Nisman 2027 (Vuelve).

Habrá que decir hasta que algunas y algunos lo hagamos “carne” –cuantos más y antes mejor para la calidad de nuestras democracias- que los servicios de justicia, hombres y mujeres de carne y hueso, jueces y juezas, con las salvedades honrosas excepciones, que es de obligatoria honestidad hacer, no “imparten justicia” en nuestros países del sur de estas latitudes, desde hace muchos años. Al menos para las mayorías o “los nadies” como genialmente enunció Eduardo Galeano.

La muerte del fiscal Alberto Nisman -un hecho trágico y de enorme conmoción pública- no puede analizarse al margen del clima de presión política, mediática y psicológica que se había montado en torno a su figura en los días previos.

Acorralado por expectativas ajenas, exigencias políticas y una exposición pública inusitada, Nisman fue empujado a un escenario límite que desembocó en su propio suicidio.

Ese desenlace fatal, lejos de clausurar el conflicto, se convirtió en un dispositivo político de alto impacto, utilizado para erosionar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y condicionar el clima institucional del país. La tragedia personal fue transformada en arma política, inaugurando una etapa de desestabilización simbólica que marcaría el rumbo de los años siguientes.

En ese marco, resulta insoslayable revisar el rol que cumplieron Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes mantuvieron contactos intensos con el fiscal en los días previos a su muerte, en el contexto de la preparación de su presentación pública y parlamentaria. Distintos testimonios y reconstrucciones periodísticas dan cuenta de un vínculo político directo, de llamados reiterados y de un acompañamiento que, lejos de contener, reforzó la presión sobre un fiscal aislado y expuesto: más de 40 llamadas entre Patricia Bullrich, Nisman y Laura Alonso el día anterior de su suicidio.

A ello se suma un dato nunca aclarado de manera satisfactoria: la desaparición de registros clave de su teléfono, incluidos mensajes y llamadas de esas horas decisivas. La ausencia de esa información no es un detalle técnico, sino una omisión grave –que con el tiempo se convertiría en costumbre y metodología de los grupos de tareas de los poderosos en nuestro País- que impide conocer en profundidad el entramado de responsabilidades políticas y comunicacionales que rodearon el desenlace.

El periodista Pablo Duggan, nunca por nadie refutado y desmentido, tras analizar de manera exhaustiva el expediente judicial y las pericias forenses disponibles, sostiene en su libro que no existen pruebas concluyentes de un homicidio y que los elementos objetivos del caso son compatibles con un suicidio.

Duggan desmonta la narrativa del asesinato construida desde sectores políticos y mediáticos, y expone cómo esa versión fue instalada sin sustento probatorio firme, pero con enorme eficacia comunicacional. Su investigación pone el foco en el contexto emocional, profesional y político del fiscal Nisman, y en cómo la presión acumulada -más que una conspiración externa- explica un desenlace trágico que luego fue instrumentalizado.

Esa tesis incomoda porque desplaza el eje del relato épico y obliga a mirar el uso político posterior de la muerte.

Ese uso político fue inmediato y persistente. El llamado “caso Nisman” fue convertido en un relato de asesinato sin pruebas, amplificado hasta el hartazgo por los grandes medios de comunicación y por periodistas alineados con los intereses del poder económico y judicial.

La repetición sistemática de esa versión, combinada con una ofensiva judicial permanente, instaló sospechas, estigmatizó al oficialismo -enlodando al resto de Gobernantes populares del resto del Continente- y moldeó un sentido común adverso al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese clima enrarecido, el hecho trágico operó como una pieza clave en la construcción del escenario electoral de 2015, favoreciendo el triunfo de la derecha y el posterior ascenso de Mauricio Macri a la presidencia, bajo un discurso de “república” sostenido más en operaciones que en pruebas.

Finalmente, cuando se observan otros episodios de gravedad institucional, emerge un patrón metodológico que refuerza estas lecturas: en el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, la sustracción y manipulación de teléfonos celulares antes de su peritaje -con el posterior borrado total de su contenido- volvió a dejar a la Justicia sin pruebas esenciales. Diversas denuncias públicas señalan allí la intervención del entorno de Patricia Bullrich, a través de fundaciones afines y operadores políticos como Gerardo Milman, replicando una lógica de borramiento, vaciamiento y opacidad probatoria. Esa metodología remite inevitablemente a lo ocurrido tras la muerte de Nisman: teléfonos vaciados, información ausente y una verdad judicial condicionada.

No se trata de hechos aislados, sino de un modo de operar que combina poder político, blindaje mediático y zonas liberadas en la investigación, con consecuencias profundas para la democracia argentina.

Sin servicio de justicia “justo” y transparente, sin jueces y juezas que “hagan el bien sin mirar a quién”, y sin colectivos de ciudadanas y ciudadanos poniendo el ojo atento en el funcionamiento judicial, uno de los tres poderes constitutivos de nuestros sistema de gobierno republicano, no habrá verdad ni gobernantes más ecuánimes y comprometidos en nuestro País.

*En memoria y homenaje de todas y todos aquellos que en nuestros países esperan “justicia”.