Chaco: quiénes integran la pata empresaria de la mafia del desmonte
La causa que involucra a funcionarios de Leandro Zdero tiene su contraparte corporativa. Urquía, Buratovich, Vicentín y más. La huella de Santiago Bausili.
La fiscalía federal de Chaco trabaja en nuevas resoluciones en la megadenuncia por el desmonte ilegal de miles de hectáreas de bosques nativos que involucra a un entramado político y empresarial. De hecho, es probable que dicte más imputaciones, esta vez a los dueños de las compañías que actuaron en connivencia con funcionarios públicos provinciales.
Las empresas que investiga la fiscalía en Chaco
El foco sobre la familia Vicentín no es nuevo. Meses atrás, Greenpeace publicó el informe ”Desmonte S.A.” en el que detalla la participación de Orlando Luis Vicentín y René Segundino Vicentín en los cambios de zonificación de más de 7.000 hectáreas de bosques protegidos por leyes nacionales para poder habilitar la deforestación.
Las Guindas pertenece a la familia que incluye a Alberto Vicente Urquía y Adrián Urquía y que tiene como figura pública al exsenador por el peronismo Roberto Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo AGD, la empresa madre del grupo cordobés que maneja compañías agroindustriales y de carga ferroviaria, entre otras actividades.
La conexión con Santiago Bausili
Entre las empresas investigadas por Sabadini está Triad S.A., que tuvo entre sus accionistas al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
En la última declaración jurada de Bausili, que corresponde a 2024, no hay registros de su participación en Triad. Sin embargo, en 2016, cuando fue subsecretario de Financiamiento bajo la órbita de Toto Caputo, y cuando pasó a ser secretario de Finanzas en 2017 integraba la empresa denunciada. Hasta 2019, Bausili fue el dueño del 5% de las acciones de la empresa.
Triad figura en la causa como una de las compañías beneficiadas por Miguel Ángel López, que fuera responsable de la dirección provincial de Bosques de Chaco y es uno de los imputados en el proceso. López es también propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, Forestales del Oeste. Según los registros de Greenpeace, en 2013 Triad deforestó 2.499 hectáreas en zonas protegidas en Almirante Brown.
La mafia del desmonte también abarca a Buratovich Hermanos, la empresa agropecuaria afincada en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, que pertenece a la familia Buratovich. “Es propietaria o tiene participación en al menos otras nueve empresas del sector agropecuario con múltiples desmontes asociados. Entre ellas, es dueña de Conexa, investigada por fraude al Estado provincial por acaparamiento de tierras fiscales”, sostiene el texto de la denuncia.
Además de Conexa, que tiene actividad en el bosque chaqueño desde 2011, también aparecen otras empresas del grupo Buratovich, como Adedan S.A., que deforestó 5.800 hectáreas en Güemes en 2017, Palo Mataco S.A. y Celtis S.A. A estas últimas, Halavacs les tramitó permisos en distintos años. “Tiene denuncias por acaparamiento de tierras desde 2007. Halavacs realizó al menos ocho permisos de desmontes para la familia Buratovich”, indica el escrito.
Otras empresas bajo la lupa
También está bajo la lupa Establecimiento Monterrey, propiedad del empresario agropecuario de Buenos Aires Juan Antonio Aloi, que es investigado por su vínculo con Halavacs, quien le tramitó al menos dos permisos de desmonte de mil hectáreas cada uno en el departamento de Brown: uno a su nombre y otro a nombre de la esposa de Aloi, Marcela Silvia Bortolin. Además, Aloi también tiene campos en la zona recategorizada por la OTBN.
Todas estas firmas están siendo investigadas por Sabadini, que analiza hacer una imputación en las próximas semanas por transgredir la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En la investigación también está Cuenca del Salado S.A., indicada como responsable de la rezonificación de alrededor de 12.000 hectáreas preservadas en 2013; MSU S.A., Jerilderie, CIGRA; La nueva pirámide de Ana Victoria Hupaluk y los empresarios Alejandro Hayes Coni y Ricardo Shihon.