“La potencia de la memoria y la esperanza” Columna de Opinión – César Malato
“Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.”
(Rodolfo Walsh – 1977, al cumplirse un año de la Dictadura).
Santa Fe: cifras abiertas, responsabilidades pendientes y la lucha persistente por memoria, verdad y justicia.
Hablar de la última dictadura en la provincia de Santa Fe no es solamente repasar una etapa oscura de la historia argentina. Es, todavía hoy, enfrentarse a un proceso inconcluso de reconstrucción de la verdad.
Porque incluso en algo que parecería básico —cuántos fueron— todavía hay zonas grises, vacíos y discusiones que no son casuales.
Entre 1975 y 1983, en la provincia de Santa Fe no existe una cifra única, cerrada y definitiva de detenidos-desaparecidos por razones políticas. Pero sí hay datos firmes que permiten dimensionar la magnitud del terrorismo de Estado.
El Archivo Nacional de la Memoria ha identificado al menos 738 santafesinos y santafesinas desaparecidos con legajo documentado.
Esto no representa el total, sino el piso comprobado.
Las estimaciones históricas y judiciales elevan ese número a un rango que va aproximadamente entre 1.000 y más de 2.000 personas desaparecidas en la provincia.
A esto hay que sumar otro dato clave: alrededor de 4.000 personas pasaron por centros clandestinos de detención en territorio santafesino.
Es decir, la desaparición fue la punta más brutal de un sistema represivo mucho más amplio, que incluyó secuestros, torturas, detenciones ilegales y liberaciones bajo condiciones de terror.
Si se observa la composición de las víctimas, tampoco hay un desglose provincial completamente cerrado, pero los patrones son claros y coinciden con los datos nacionales. Aproximadamente el 70% de las personas desaparecidas fueron varones y el 30% mujeres. No es un dato menor: habla de una represión que tuvo una dirección específica, pero que también alcanzó de manera sistemática a mujeres, muchas de ellas militantes, trabajadoras, estudiantes y madres.
En cuanto al perfil social, la represión en Santa Fe tuvo características muy marcadas. Entre un 20 y un 25% de las víctimas eran estudiantes, lo que refleja el fuerte impacto sobre el movimiento universitario, particularmente en ciudades como Rosario y Santa Fe capital, con universidades públicas de gran peso político y social. Los docentes, aunque sin un número exacto desagregado, formaron parte del conjunto de profesionales perseguidos, estimado entre el 10 y el 15%.
Pero hay un dato central para entender lo que ocurrió en la provincia: cerca del 30% de las víctimas eran obreros o trabajadores vinculados a la actividad sindical.
Santa Fe, y especialmente el cordón industrial del Gran Rosario y Villa Constitución, fue uno de los principales focos de represión contra el movimiento obrero organizado.
No se trató de excesos aislados, sino de una política deliberada para desarticular estructuras sindicales, disciplinar a la clase trabajadora y reconfigurar el modelo económico.
Ese plan se ejecutó a través de una red de centros clandestinos de detención. En la provincia funcionaron entre 20 y 30 centros ilegales, según registros judiciales y de organismos de derechos humanos. Entre los más emblemáticos se encuentran el Servicio de Informaciones de Rosario, La Calamita, la Quinta de Funes, la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, la Comisaría 4ª de Santa Fe, la Guardia de Infantería Reforzada y el Campo San Pedro, que operó como centro de exterminio.
Estos lugares no fueron excepciones: formaron parte de un sistema organizado, coordinado y extendido en todo el territorio.
En relación con la justicia, el proceso de juzgamiento en Santa Fe ha sido sostenido, aunque tardío.
Desde la reapertura de causas en 2006, se desarrollaron más de veinte juicios relevantes en la provincia. Entre ellos, las causas Feced, Díaz Bessone y Guerrieri en sus distintas etapas. Estos procesos han derivado en decenas de condenas a represores, en el marco de un proceso nacional que supera las 1.200 condenas por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, todavía hay causas en curso, investigaciones abiertas y responsabilidades que no han sido completamente determinadas.
Y aquí aparece otro punto clave, muchas veces menos visible: la responsabilidad civil y empresarial. En Santa Fe no hay aún una lista definitiva ni cerrada de empresas condenadas judicialmente, pero sí existen investigaciones, denuncias y causas que señalan distintos niveles de colaboración con la dictadura.
El caso más emblemático es el de Acindar en Villa Constitución, vinculado a la represión del movimiento obrero desde antes del golpe de 1976.
También hay denuncias que involucran a empresas del cordón industrial del Gran Rosario, sectores agroindustriales y actividades portuarias, en la elaboración de listas negras, la entrega de delegados sindicales y la facilitación de operativos represivos dentro de establecimientos laborales.
Todo esto obliga a una reflexión necesaria: las cifras no están cerradas porque el propio sistema represivo fue diseñado para borrar huellas. La desaparición forzada no solo eliminaba personas, sino también registros, identidades y pruebas. Por eso, cada número que se menciona debe entenderse como parte de una reconstrucción histórica en proceso.
Santa Fe fue una de las provincias más golpeadas por el terrorismo de Estado. Lo fue por su peso industrial, por su movimiento obrero, por su vida universitaria y por su densidad política. Y lo sigue siendo hoy en otro sentido: en la persistencia de los juicios, en la búsqueda de verdad y en la necesidad de discutir responsabilidades que van más allá de los ejecutores directos.
Porque la memoria no es solamente recordar. Es, también, entender cómo y por qué ocurrió. Y sobre todo, quiénes fueron responsables.
POR OBRA COLECTIVA, POR ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO, SOSTENEMOS LA ESPERANZA.
Queremos en ese sentido señalar dos indicadores que alientan nuestra esperanza —a pesar de las maniobras dilatorias, los cajoneos, la ocultación de pruebas, los miembros del poder judicial cómplices en el encubrimiento de los delitos y crímenes de lesa humanidad—: la continuidad de los juicios y los procesos, y la enorme potencia de las movilizaciones en todo el país, en nuestra ciudad, por los 50 años, que volvieron a gritar: NUNCA MÁS. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.